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Visión desde Avianza sobre situación del sector de carne avícola

Tras la solicitud de algunos medios de la visión de nuestra interprofesional al hilo de la nota de prensa emitida el 17 de octubre de 2023 por COAG, con el título “La carne de pollo triplicaría su precio al consumidor con la revisión de la normativa de bienestar animal propuesta por la UE” (enlace), desde Avianza queremos sumarnos a esta preocupación, la cual compartimos.

Nuestro secretario general, Jordi Montfort, analiza en estas declaraciones el impacto sobre el sector de producción de carne avícola en España de una posible implementación de las recomendaciones de la EFSA, que está en valoración por parte de la Comisión Europea.


Pregunta:
¿En qué situación se encuentra la negociación con la Comisión Europea en torno a este tema?


Los plazos de la Comisión Europea son muy claros. Ahora mismo están evaluando sacar una normativa de bienestar animal con un análisis de impacto en el cual no se ha consultado a los sectores involucrados. Es decir, ni ha habido una mesa de negociación ni una mesa de discusión en la cual el productor o los países productores hayan podido alzar la voz y ser escuchados.

En materia de bienestar animal, los productores somos los primeros interesados en que nuestros animales estén bien todo el tiempo. Si un animal no está sano, si un animal no tiene el agua, ni la bebida o el alimento que requiere, si no tiene el espacio que requiere o las condiciones en las que se alojan no son adecuadas, simplemente el animal no produce, es decir, no es una producción sostenible. Por lo tanto, los puntos descritos en esta normativa carecen desde nuestro punto de vista de un rigor técnico de campo muy, muy grande.


En ellas no se ven plasmadas de ninguna de las maneras todas las garantías que tenemos en materia de bienestar animal hoy en día, pues aquí en España se cumple por encima de la normativa vigente muchos de temas de bienestar animal analizados, y además se certifican. Con lo cual, el productor creo que tenía mucho que decir. No se le ha tomado en cuenta.

Además, para conformar esta normativa, lo que se ha hecho es una revisión documental de algunos artículos científicos que, desde nuestro punto de vista, son sesgados, pues no se hacen con un rigor técnico científico como al que estamos acostumbrados a utilizar para garantizar el bienestar de los animales.

Pregunta: ¿Qué supondría desde el punto de vista socioeconómico o de sostenibilidad, la aplicación de estas recomendaciones por parte de la Comisión Europea? ¿Tendría algún tipo de impacto positivo, neutro o negativo?


El mayor impacto que veríamos es reducción de casi un 30% de la superficie útil que tenemos hoy en las granjas. ¿Qué significa esto? Pues que de las casi 5.000 granjas disponibles, solo nos quedarían 3.592 granjas útiles. Con lo cual, para poder compensar y poder abastecer el mercado del pollo que se consume hoy se tendrían que construir alrededor de un 73% más naves. Esto supondría una inversión de 1800 millones de euros, que nadie va a aportar porque ya no va a ser un negocio rentable, no serían sostenibles económicamente.

Esto implica además que se fijaría menos población en el medio rural, que es una de las cuestiones que de las que más hablamos en España. Ya no habrá granjeros, pues no podrán producir al no ser rentable para ellos. Lo dejarán. Tenemos una media de edad entre los granjeros de casi 50 años, todos vinculados con el medio rural en España, por lo que directamente se eliminaría el paso a las próximas generaciones. Tanto por la normativa que hay que cumplir o toda la burocracia asociada, ya no estarán dispuestos a atender una granja de aves, ni de pollos o de pavos.


Hablamos de un incremento de los costes, indudablemente, pero también de echar por tierra todos los avances en los cambios de genética que nos han permitido ser hoy mucho más productivos y garantizar la seguridad alimentaria. Estamos tirando 50 años de avance de selección tras selección en cada una de las generaciones. Volver atrás nos llevará a tener más tiempo los animales en las granjas, hasta un 50% más del tiempo que se requería hoy en día para sacar un pollo con un peso de 2 kg y medio en canal al mercado.

Esto quiere decir que el granjero va a perder un ciclo al año y que, además, los costes por pienso, por agua, por electricidad, por gas o las propias emisiones se van a incrementar, con lo cual no es nada sostenible ni responsable con el medio ambiente.

Pregunta: Hablando acerca de ese incremento, ¿cuál podría ser el efecto sobre el precio de la carne de ave en el mercado para los consumidores?


Estimamos que si bien el precio de la canal, como hacía mención Jaume Bernis de COAG en su nota de prensa, se triplicaría, en el producto más consumido en España, que es la pechuga, podríamos llegar a los 15€ o 20€ el kilo (en la especie broiler, que es la más consumida).


Este incremento supondría para la mayoría de los españoles convertir el pollo en un producto de lujo para las familias, que perderían la posibilidad de acceder a una proteína de muy alta calidad, imprescindible para el desarrollo por ejemplo de los niños.


Esto pues provocaría que el 30% de la población que está en riesgo de pobreza, según la OCDE, redujera ese mínimo de 2 veces por semana en las que tiene acceso de media a una proteína de alta digestibilidad, como es la proteína de origen animal, al menos en el caso de carne de las aves.